Nuevos enfrentamientos e importantes obras públicas paralizadas en Montecristi, demanda de las autoridades garantizar los trabajos.
La Unión Empresarial Dominicana -UED- denuncio la paralización de importantes obras de construcción de la provincia de Montecristi ante las amenazas y presión de Fenatrado para tener la exclusividad del transporte de la carga en un 50%, contraviniendo las leyes.
En rueda de prensa, la organización denunció que las constructoras Teddy y Martin Paniagua, miembros de la UED y responsables de la ejecución del muro de contención del río Yaque del Norte y la limpieza de canales agrícolas en Palo Verde y otras comunidades de la referida provincia, están impedidas de trabajar por las exigencias ilegales de los transportistas.
Gerardo Méndez, vocero de la UED, califico de penosa la actitud de las autoridades locales encabezadas por el gobernador provincial ya que consciente de que la Constitución, las leyes y una sentencia prohíben el monopolio, alientan la conciliación sobre la base de la imposición y el chantaje político.
Demandó del Ministerio Público, la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre, Intrant, garantizar el trabajo de todos los sectores y acabar de una vez y por todas con estas situaciones odiosas en las que hasta la vida de actores ha estado en riesgo.
Y es importante que quede claro una vez más “no aceptamos la imposición para contratar a quienes transporten la carga que nosotros generamos, ni en Montecristi, ni en Cotuí, ni en ningún lugar del país, somos respetuosos de las normas y por nuestro compromiso social tomamos en cuenta siempre las capacidades de los comunitarios, pero nunca cediendo ante la presión” expreso Méndez.
Mientras que los ingenieros Martin Paniagua, presidente de Constructora que lleva su nombre y Kelvin Perdomo, director de Constructora Teddy, SRL explicaron como esta situación de paralización y asedio, además de perdidas millonarias es un atraso significativo en la ejecución de las obras, cuyo compromiso de entrega es en las primeras semanas de diciembre.
“Quieren que nosotros los contratemos por las malas, …nosotros buscamos trabajo y hacemos la inversión de lugar, pagamos impuestos, asumimos el riego, y entonces resulta que de manera obligatoria tenemos que contratarlos a ellos y bajo su esquema, sus precios, sus horarios y eso no lo vamos a seguir tolerando. Dijeron los empresarios afiliados a la UED.
Los miembros de la UED destacaron que como empresarios dominicanos organizados no quieren ningún trato especial, “no queremos privilegios, exenciones fiscales, exoneraciones o puestos en el gobierno, no…. Solo reclamamos que nos dejen trabajar sin imposiciones” .
Amparo legal
En su artículo 50, la Constitución de la Republica plantea la libertad de empresa y la prohibición de los monopolios
“El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.
1. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional….”
Mientras que en diciembre del 2016 la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional ordenó a las instituciones civiles y militares del Estado acabar con el monopolio existente en el país en el transporte de carga y de pasajeros.
Los jueces determinaron que con el incumplimiento de las leyes que prohíben el monopolio se afectan derechos fundamentales, tales como derecho a la libre empresa, la facultad que tienen los ciudadanos de retirar cargas en sus vehículos en los puertos y aeropuertos, la libertad de tránsito y el derecho al trabajo, en detrimento de un sin número de ciudadanos y del propio Estado.
En la sentencia ordenaron al Ministerio de Trabajo, a la Policía, al Ministerio de Interior y Policía, a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (hoy Intrant) y al Ministerio de Turismo hacer cumplir las leyes antimonopólicas.
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